La pregunta había levantado críticas en el sector minero, que sostenía que la medida de revocar concesiones generaría inseguridad jurídica. El viernes, la Corte Constitucional dijo que esa pregunta “no supera el examen de constitucionalidad aplicable a las consultas populares”.

Explicó que la mayoría de las 11 razones incluidas en la pregunta reproducen normas e información genérica sobre las supuestas repercusiones de la minería ilegal y que tampoco existen elementos que permitan a los votantes comprender la complejidad de la problemática.

El exviceministro de Minas Fernando Benalcázar dijo que la decisión de la corte es adecuada porque en el país existe un marco legal suficiente para enfrentar la actividad ilegal y, además, la política minera, con vigencia hasta 2030, establece una estrategia contra la minería ilegal.

“Lo importante es aplicar la normativa y la estrategia que ya existe para la prevención, combate y sanción de la actividad ilegal, pero sobre todo combatir la corrupción”, señaló Benalcázar.

El gobierno tiene identificadas áreas de minería ilegal en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, en el norte el país; Napo, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en la Amazonía; y Azuay, El Oro y Loja, en el sur.

Entre las preguntas aprobadas, ocho tienen que ver con temas de seguridad, por lo que se prevé su aprobación en las urnas.

Entre los temas de las preguntas que tienen luz verde de la Corte Constitucional están la posibilidad que las Fuerzas Armadas realicen controles permanentes en las vías de ingreso a las cárceles, el incremento de las penas en varios delitos relacionados con el crimen organizado, el uso por parte de las fuerzas policiales y militares de armas decomisadas y la transferencia de la propiedad de bienes de origen ilícito al Estado.

De las 10 preguntas aprobadas, 4 deben ser sometidas a un nuevo análisis en la misma Corte, pues requerirían enmiendas constitucionales.

Ese análisis podría demandar hasta 20 días y tiene que ver con las preguntas acerca de la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional para el conocimiento de garantías jurisdiccionales, el reconocimiento por parte del Estado del arbitraje internacional para solucionar controversias y reformas al código del trabajo para regular contratos de trabajo a plazo fijo y por horas.

Noboa dijo en días pasados que esperaba que la consulta se realizara el 10 de marzo; sin embargo, integrantes del Consejo Nacional Electoral comentaron que lo más probable es que se efectúe entre fines de abril o principios de mayo por la serie de procesos, incluidas contrataciones, que se requieren.

De cualquier modo, Noboa realizaría la consulta en un momento en que goza de altos índices de aprobación, de alrededor de 80 por ciento, según encuestadoras locales, debido a sus acciones para enfrentar la violencia que vive el país sudamericano en medio de una creciente actividad del narcotráfico y el crimen organizado.

El 9 de enero, el presidente declaró la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos criminales "como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes", por lo que se convirtieron en un objetivo militar.