El programa se apoya en un discurso conocido: precisión centimétrica, sensores multiespectrales, detección temprana de plagas y modelos digitales de terreno. Todo suena a agricultura del siglo XXI. Sin embargo, el contraste es inevitable: mientras se enseña a pilotear drones, buena parte de los pequeños productores todavía lidia con costos crecientes, acceso limitado al crédito y una infraestructura rural que no despega.

La segunda promesa es todavía más ambiciosa. El MAGP proyecta la entrega de 60 drones de fumigación, con una subvención estatal del 75 por ciento, lo que implica un desembolso público estimado en 1.620.000 dólares. El requisito: contar con licencia habilitante. En los papeles, el plan busca eficiencia y seguridad aérea; en la práctica, abre interrogantes sobre criterios de selección, controles posteriores y el verdadero impacto productivo de un esquema que concentra recursos en equipamiento de alto costo.

Desde el Gobierno se insiste en que la capacitación evita riesgos para personas, ambiente y aeronaves, y que se cumple con las regulaciones técnicas vigentes. El problema es otro: la política pública parece diseñada para la foto tecnológica antes que para resolver los cuellos de botella históricos del agro. Drones hay; soluciones integrales, menos.

Así, la gestión Noboa vuelve a apostar por el efecto vitrina: innovación, siglas internacionales y anuncios millonarios. El campo, mientras tanto, sigue esperando que la modernización no quede flotando en el aire.