El proceso legislativo avanzó pese a que el funcionario había presentado horas antes su renuncia irrevocable. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dejó en claro que el juicio político se desarrollaría independientemente de esa decisión.

Tras la votación, Olsen sostuvo ante el pleno que el Parlamento actuó conforme a la ley y afirmó que la resolución representa el fortalecimiento del respeto institucional y del sistema democrático, remarcando que la medida no favorece a un sector político en particular, sino al cumplimiento de las normas.

El juicio político tuvo como origen las revelaciones conocidas en diciembre, cuando trascendieron denuncias sobre presuntas presiones ejercidas contra el juez Carlos Serrano. Según esas acusaciones, un exdirectivo de la Judicatura cercano a Godoy habría intentado influir para que el magistrado absolviera a un narcotraficante serbio investigado por lavado de activos.

Durante la sesión, también se analizó el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización, un documento de aproximadamente 70 páginas que recomendó avanzar con la censura. En ese texto, se concluyó que Godoy tenía responsabilidad política por el desempeño de su gestión al frente de la Función Judicial, aunque el exfuncionario negó haber intervenido en el proceso judicial.

En su carta de renuncia, Godoy argumentó que el contexto político había condicionado su permanencia en el cargo y cuestionó la influencia de intereses externos y disputas partidarias.

Allí expresó que, cuando las condiciones políticas impiden continuar con coherencia institucional, corresponde dar un paso al costado en defensa del funcionamiento del Estado de derecho.