Hernández Yunda citó la regla que prohíbe la difusión de mensajes que incidan en la preferencia electoral durante las 48 horas previas a los comicios y hasta las 17.00 del día de la votación. En su presentación, sostuvo que la intervención comunicacional del Ejecutivo comprometió la imparcialidad institucional y colocó al Estado como actor de campaña, en lugar de garante del proceso.

En la nómina de señalados aparecen Roberto Luque (Infraestructura y Transporte), Roberto Kury (Telecomunicaciones), Zaida Rovira (Desarrollo Humano), Harold Burbano (Trabajo), Inés Manzano (Ambiente y Energía), Gian Carlo Loffredo (Defensa) y Luis Alberto Jaramillo (Producción). El denunciante sostiene que sus mensajes se difundieron en momentos clave y tuvieron impacto sobre la opinión pública.

El Tribunal Contencioso Electoral confirmó que ya tomó conocimiento del caso e inició el trámite correspondiente, aunque le otorgó al asambleísta un plazo de dos días para completar y aclarar documentación necesaria para continuar con el análisis. Hernández aseguró que presentará lo requerido en tiempo y forma y que seguirá el expediente hasta una resolución final.

Mientras Noboa busca sostener su discurso de institucionalidad, el señalamiento contra siete ministros por presunta intromisión electoral vuelve a poner en discusión el uso del aparato estatal en plena contienda y deja al gobierno otra vez bajo sospecha por jugar con reglas que, en democracia, deberían ser intocables.