El presidente Daniel Noboa y su ministra de Economía Sariha Moya están embarcados en una mezcla de improvisación y voluntarismo que dejó a la industria petrolera sin pulso propio.
La producción de crudo y el desastre en refinación no son accidentes inevitables del destino: son el resultado directo de una conducción que miró para otro lado mientras el corazón energético de una economía dolarizada se quedaba sin oxígeno.
Hasta Octubre/2025 las exportaciones petrolera se caen un 18% respecto el año anterior. El país ha perdido 1.200 millones. Basta de tanta indolencia: @EPPetroecuador debe ser disuelta y liquidada. pic.twitter.com/HZQ3Gi61Kq
— Napoleón Santamaría (@NapoleonSantama) November 28, 2025
Nuestro país, petrolero por definición, va camino a la ironía máxima: importar más combustibles de los que puede costear con sus exportaciones. En un país sin moneda propia, este desequilibrio no es solo un problema técnico: es una amenaza frontal a la liquidez y al gasto público.
El famoso “colchón petrolero”, que debería amortiguar shocks externos, está convertido en una toalla húmeda. Para 2026, las propias proyecciones del Ministerio de Finanzas estiman que el país exportará 5.926 millones de dólares en crudo, pero gastará 4.981 millones de dólares importando gasolina, diésel y gas. El margen neto de apenas 945 millones de dólares, comparado con los excedentes de 2022, expone un deterioro que la actual administración prefirió maquillar en lugar de enfrentar con decisiones serias.
La caída de la producción tampoco cayó del cielo. Fallas en SOTE y OCP sin mantenimiento adecuado, recortes de personal en Petroecuador sin una estrategia técnica detrás y la incapacidad política para gestionar la transición del bloque ITT tras la consulta popular de 2023 muestran una gestión que opera siempre detrás del problema. Para rematar, Petroecuador llegó a tocar fondo con apenas 39 mil barriles diarios, un número que retrata con crudeza la falta de conducción.
La Refinería de Esmeraldas es otro espejo incómodo. Un incendio en mayo de 2025 dejó la planta operando al 69 por ciento meses después, con la unidad FCC clausurada y con inversiones que brillan por su ausencia. El resultado es obvio: más importación, más gasto, más dependencia. Entre enero y septiembre, las compras de combustibles crecieron el 10, mientras el Gobierno seguía prometiendo soluciones que nunca aterrizaron.
Las alternativas existen, pero requieren algo que escasea en el Palacio de Carondelet: decisión política. Procesar crudo en refinerías del exterior, modernizar Esmeraldas con un tren de alta conversión modular y licitar el proyecto con transparencia —como sugirió Fernando Santos Alvite— implican liderazgo, no slogans. Y discutir seriamente transición energética, eficiencia y movilidad eléctrica, como plantea José Luis Fuentes, demanda una visión que hoy falta.
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