De acuerdo con la pesquisa, la red montó un sistema ilegal para emitir licencias de conducir, matrículas y habilitaciones a empresas de transporte, causando un perjuicio cercano a los tres millones de dólares. Como parte de la medida, la agencia permanecerá cerrada e intervenida por un mes.

El escándalo no es un hecho aislado. En octubre, otros seis funcionarios de la agencia de tránsito de Guayaquil fueron arrestados por asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho e intimidación, también ligados a una facción criminal que operaba como desprendimiento de Los Choneros.

El propio Reimberg reconoció que existe una “delincuencia organizada enquistada en las agencias de tránsito” que contribuye a financiar la violencia. En junio, se confirmó que familiares de Adolfo Macías, alias Fito, líder histórico de Los Choneros y extraditado a Estados Unidos, trabajaban en una dependencia de tránsito en Manta. Dos meses después, dos agentes fueron asesinados en esa ciudad.

Desde la fuerza policial admiten que hay personal bajo amenaza permanente. La Fiscalía investiga la muerte violenta de más de una decena de agentes de tránsito, principalmente en provincias costeras, donde son cooptados para facilitar el traslado de drogas y armas evitando controles.

El caso expone, una vez más, la profundidad de la crisis de seguridad que atraviesa el país: bandas narco con alcance transnacional, instituciones estatales infiltradas y un récord de más de nueve mil homicidios registrados en 2025. Un Estado desbordado, con áreas clave convertidas en engranajes del crimen organizado.