El actual presidente, Guillermo Lasso, ha hecho precisamente de la lucha contra la inseguridad uno de sus principales mantras de Gobierno, para lo cual ha tomado medidas excepcionales en las regiones y ciudades más violentas, como Guayaquil, y ha prometido reformas del sistema penitenciario, que suma ya cientos de muertos en protestas en estos últimos años.

“No puede haber tal magnitud de ineptitud”, ha sentenciado Correa, que ha planteado una “conjetura” basada en “indicios” para cuestionar la verdadera voluntad del Gobierno en el ámbito penitenciario. “Para mí ya es deliberado, es que esta derecha busca limpieza social, porque no pueden ser ineptos de haber podido controlar (la crisis) en tres años, porque desde 2019 tenemos esta clase de masacres”, ha apostillado.

En este sentido, considera “ridículo” que se pueda seguir culpando a su Gobierno y a sus supuestos “narcopolíticos” de las emergencias de hoy. “Lo aceptaría gustoso si esto resolviese el problema, pero la gente está muriendo”, ha dicho Correa, quien ha ironizado con el argumento de que bajo su mandato no había tanta inseguridad porque pactaban con las mafias. “¿La conclusión lógica? Pacten de nuevo, al menos no había tantos muertos”, ha apuntado.

Sobre la propuesta de elaborar un censo de reclusos a nivel nacional, Correa ha considerado que esta medida demuestra que “han perdido el control”, habida cuenta de que “no debería existir censo si hubiese registros adecuados”. Asimismo, ha denunciado “corrupción” en el seno de instituciones clave como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

El expresidente ha atribuido la actual situación a los esfuerzos de las administraciones de Lasso y del “traidor” Lenín Moreno –antiguo aliado de Correa– por “destrozar” la institucionalidad y por dejar atrás “una visión de Estado”, dentro de la cual todos los organismos trabajaban en común y se impulsaron iniciativas como el sistema ECU911 o las “policías comunitarias”, implicadas a nivel local.