El dato más alarmante es la territorialización de la violencia. Los cantones de Pueblo Viejo, Quinsaloma, Buena Fe, Babahoyo y Urdaneta, en la provincia de Los Ríos; Durán y Balao, en Guayas; Huaquillas y El Guabo, en El Oro; y Manta, en Manabí, superan ampliamente el promedio nacional, con tasas que rondan o exceden los 71 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Estas zonas comparten un patrón claro: ubicación estratégica para economías ilícitas, altos niveles de pobreza estructural y una capacidad institucional mínima para contener el avance de las bandas criminales. Más del 60 por ciento de los homicidios del país se concentra en las zonas de planificación 8, 4 y 5, donde el Gobierno prometió mayor presencia estatal, pero los resultados siguen sin aparecer.

Los Ríos lidera el ranking de letalidad con 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, un número que expone el fracaso de la política de seguridad basada casi exclusivamente en la militarización. Mientras Guayaquil y Durán concentran el mayor volumen absoluto de crímenes, los cantones pequeños como Quinsaloma y Urdaneta muestran el crecimiento más acelerado de la violencia, aprovechando vacíos de control estatal.

La violencia se asienta sobre carencias históricas. En provincias como Los Ríos, Manabí, El Oro y Guayas, más del 50 por ciento de la población vive con Necesidades Básicas Insatisfechas. En algunos cantones, ese índice supera el 70 por ciento. Allí, la falta de servicios básicos, el hacinamiento y la exclusión social se convierten en terreno fértil para el reclutamiento criminal.

Pese a que el Gobierno de Noboa declaró a 22 bandas como organizaciones terroristas en el marco del conflicto armado interno, los propios registros indican que hoy operan al menos 37 grupos fragmentados que disputan puertos, rutas agrícolas y pasos fronterizos. Bandas como Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers avanzan sobre territorios cada vez más pequeños, donde el Estado llega tarde o no llega.

La situación es aún más grave entre niños y adolescentes. En lo que va de 2025 se contabilizaron 460 homicidios de menores de edad, y casi una cuarta parte ocurrió en estos diez cantones. Las tasas de violencia juvenil y detenciones de menores revelan un escenario de reclutamiento forzado y abandono, mientras miles de estudiantes dejan las aulas por miedo. Solo en Guayas, más de 28 mil alumnos abandonaron la escuela en el último año.

Aunque las Fuerzas Armadas ejecutaron más de 53 mil operativos y las alcaldías aplicaron medidas de emergencia, la violencia no cede. La razón es evidente: la respuesta armada sin políticas sociales profundas apenas contiene el problema, pero no lo resuelve.

En estos diez cantones, la inseguridad dejó de ser una estadística. Es el entorno cotidiano. Y mientras el gobierno de Daniel Noboa siga apostando al control militar sin atacar la raíz de la pobreza, la exclusión y el abandono estatal, la geografía del miedo seguirá expandiéndose en Ecuador.