El Ministerio de Comercio colombiano presentó dos recursos ante el organismo regional para lograr el levantamiento del arancel ecuatoriano. De ellos, fue admitido el que solicita que la CAN determine si la medida constituye un gravamen incompatible con los acuerdos de integración. La investigación formal examinará si la decisión ecuatoriana vulnera las reglas comerciales intracomunitarias.

Mientras tanto, el Ejecutivo colombiano diseña acciones de represalia con el objetivo de equilibrar la presión arancelaria mediante la imposición de derechos aduaneros a más de 20 productos originarios de Ecuador.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano informó que presentó tres procesos ante la CAN “en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad”. Quito argumenta que Colombia habría incumplido decisiones previas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptado medidas incompatibles con los compromisos regionales.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejecutivo ecuatoriano sostuvo que la tasa del 30% responde a razones de seguridad nacional. Según su postura, la decisión se fundamenta en la falta de “acciones firmes y equivalentes” por parte de Colombia para combatir el crimen organizado transnacional.

No obstante, Ecuador manifestó su disposición a resolver la controversia dentro del marco institucional de la CAN y reiteró su interés en preservar el comercio bilateral bajo principios de igualdad y respeto mutuo.

La admisión a trámite del recurso colombiano marca el inicio formal del proceso de análisis dentro del bloque regional. El punto central será determinar si el arancel impuesto por Quito viola las disposiciones comunitarias, lo que podría obligar a su reversión.

El conflicto añade tensión comercial y diplomática entre ambos países, en un contexto donde las disputas arancelarias se entrelazan con reclamos sobre seguridad y cumplimiento de fallos judiciales regionales. La decisión de la CAN será clave para definir el alcance y los límites de las medidas adoptadas por ambas partes.