Sin embargo, pobladores del recinto San Martín aseguran que el sitio atacado era una zona rural habitada por agricultores. Vicente Garrido, dirigente local, afirmó que en el lugar no operaban grupos armados y que las actividades principales eran el cultivo de café, cacao, maíz y la cría de ganado. “Somos civiles”, sostuvo, al rechazar las acusaciones.

Testimonios recogidos en la zona indican que primero se produjo la quema de una vivienda por parte de efectivos militares y, días después, el bombardeo del mismo sitio. Los habitantes aseguran que no hubo enfrentamientos ni presencia de combatientes, y que los únicos afectados fueron bienes materiales y animales domésticos.

La situación encendió las alarmas en organismos de derechos humanos. La oficina del Alto Comisionado de la ONU reportó denuncias de destrucción de viviendas, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura contra integrantes de la comunidad. Según estas versiones, algunas personas fueron interrogadas bajo coerción y liberadas posteriormente sin cargos.

En la misma línea, organizaciones locales señalaron que durante el operativo se habrían producido amenazas y maltratos físicos contra campesinos. Especialistas en derechos humanos advirtieron que, de confirmarse que no había un objetivo militar legítimo, el bombardeo podría constituir una violación al derecho internacional.

Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, rechazaron estas acusaciones y defendieron la legalidad del procedimiento. Aseguraron que la operación se basó en información de inteligencia validada y que en el lugar se hallaron armas y elementos vinculados a actividades delictivas. También insistieron en que la zona no corresponde a un área de producción agrícola, como sostienen los pobladores.

El Gobierno subrayó además que el área intervenida forma parte de una franja de seguridad fronteriza donde están prohibidos asentamientos no autorizados, lo que, según su postura, justificaría la intervención.

En medio del cruce de versiones, analistas en seguridad remarcan la importancia de contar con inteligencia precisa en este tipo de operativos, especialmente en regiones donde confluyen dinámicas complejas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

Por ahora, el caso sigue envuelto en incertidumbre. Mientras el Gobierno defiende su accionar, los habitantes de la zona reclaman una investigación independiente y temen que sus denuncias no prosperen. La polémica pone en cuestión la efectividad y el costo humano de las operaciones militares en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.