El más reciente movimiento provino de Colombia, que activó un arancel del 30% a 23 partidas de productos ecuatorianos —agrupadas en 73 subpartidas— que incluyen bienes agrícolas, alimenticios e industriales. La medida fue interpretada como respuesta a la “tasa de seguridad” del 30% anunciada en enero por el presidente Daniel Noboa y aplicada desde el 1 de febrero a productos colombianos, bajo el argumento de reforzar la seguridad fronteriza frente al narcotráfico.

Además del gravamen, Colombia restringió el ingreso terrestre de ciertos productos ecuatorianos, entre ellos arroz, camarón, banano y algunas hortalizas, bienes que tradicionalmente cruzan la frontera por vía terrestre. La decisión alteró la logística habitual y extendió los tiempos de transporte.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los aranceles afectan aproximadamente 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que representa cerca de un tercio del valor total vendido a ese mercado andino. El gremio instó a reactivar conversaciones formales para evitar mayores impactos sobre productores y transportistas.

Mientras tanto, el Gobierno ecuatoriano sostiene que la ruptura no está sobre la mesa y que el diálogo continúa activo. En un escenario donde seguridad y comercio se entrelazan, las próximas semanas serán decisivas para determinar si la tensión arancelaria se encamina hacia una negociación o se consolida como un nuevo frente de fricción en la relación bilateral.