Desde la Cancillería ecuatoriana señalaron que la concesión de visas es una potestad soberana de cada Estado y que no se trata de un derecho adquirido, sino de un privilegio otorgado por el país receptor. En la misma línea, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que avaló la extradición, evitó realizar interpretaciones políticas sobre la postergación del proceso.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, afirmó que no dispone de mayores detalles sobre los motivos del aplazamiento, aunque expresó su confianza en el sistema judicial estadounidense. “Sabemos que Fito es culpable de muchos delitos cometidos allá. Es cuestión de tiempo”, declaró a la prensa local.

El 27 de junio de 2025, dos días después de la recaptura del líder criminal en una vivienda de lujo en Manta, Reimberg había informado que una hija de aproximadamente tres años se encontraba en el inmueble al momento del operativo. La menor fue aislada por el equipo militar y no presenció la detención.

Otra de sus hijas, Michelle Macías, fue secuestrada en noviembre de 2021 en la ciudad costera de Manta, presuntamente por integrantes de la banda rival Los Lobos. La joven fue liberada días después en una zona rural.

La eventual concesión de la visa refuerza las versiones sobre una posible cooperación de Macías Villamar con las autoridades estadounidenses. Hasta el momento, ni la defensa ni la Fiscalía confirmaron públicamente negociaciones. Desde la embajada de Estados Unidos en Ecuador indicaron que los registros de visado son confidenciales según la legislación norteamericana.

Macías Villamar, líder de la organización criminal Los Choneros, enfrenta siete cargos en EE.UU. vinculados al narcotráfico internacional y al contrabando de armas, incluida conspiración para distribuir cocaína en coordinación con el Cartel de Sinaloa. Tras su extradición en julio del año pasado, se declaró inocente ante un tribunal federal en Brooklyn.

Su traslado marcó un precedente al convertirse en el primer ecuatoriano extraditado bajo la reforma legal que permite enviar ciudadanos requeridos por otros países. Antes de ello, se había fugado en enero de 2024 de una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

La evasión desató una ola de violencia en Ecuador, con ataques a instituciones públicas y enfrentamientos entre bandas. Tras más de un año prófugo, fue recapturado en junio de 2025 en un búnker subterráneo bajo una vivienda en Manta, su bastión histórico.

Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, la postergación de la audiencia y los movimientos en torno a su entorno familiar añaden un nuevo capítulo a una causa que combina crimen organizado, política regional y cooperación internacional.