Amnistía Internacional alerta por el deterioro de derechos humanos en Ecuador
Amnistía Internacional emitió una fuerte advertencia sobre el reciente deterioro en la protección de los derechos humanos en el país, señalando un patrón preocupante de represión a la protesta social, ataques a la independencia judicial y persistente impunidad en casos de desapariciones forzadas.
En el marco de las protestas vinculadas al paro nacional, desatado por el aumento del precio del diésel anunciado en septiembre, la organización recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra manifestantes.
Al 1 de octubre, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador registró la detención de 85 personas y 100 heridos.
Además, se reportó la muerte de Efraín Fuerez, quien habría fallecido tras recibir un impacto de bala presuntamente disparada por militares en Imbabura.
De particular preocupación es la detención de 12 personas en Otavalo, diez de ellas de nacionalidad indígena kiwcha, acusadas de terrorismo.
La Fiscalía también habría abierto investigaciones supuestamente abusivas y congelado cuentas bancarias de manifestantes y líderes sociales.
Desde agosto, la Corte Constitucional enfrenta una campaña de deslegitimación por parte del Ejecutivo, tras suspender temporalmente artículos de leyes de seguridad promovidas por el presidente Daniel Noboa.
Los jueces han sido objeto de hostigamiento, incluyendo pancartas gigantes acusándolos de "robar la paz", amenazas de bomba en sus instalaciones y posibles hackeos a sus comunicaciones.
El presidente incluso convocó una marcha contra la Corte y ordenó el despliegue militar alrededor de sus instalaciones.
En su informe "Son militares, yo los vi", Amnistía documentó la desaparición forzada de diez personas, incluyendo seis niños, durante operativos del "Plan Fénix" en 2024.
La Fiscalía ha recibido denuncias de 43 posibles desapariciones forzadas desde que inició la administración Noboa.
El principal obstáculo para las investigaciones ha sido la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas, que se niegan a entregar información alegando "confidencialidad".
"Ecuador se sitúa en la lista de países de la región que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias", advirtió Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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