Durante el fin de semana ya habían trascendido versiones sobre varias muertes dentro del penal, aunque el Gobierno de Daniel Noboa no había informado cifras ni brindado detalles. La confirmación tardía vuelve a poner en el centro de la escena el deterioro extremo del sistema penitenciario ecuatoriano y la incapacidad del Ejecutivo para garantizar condiciones mínimas de detención.

La Penitenciaría del Litoral se encuentra desde hace meses bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, que advirtieron sobre otros fallecimientos previos, algunos con síntomas compatibles con tuberculosis. A pesar de las alertas reiteradas, la situación no sólo no mejoró, sino que se agravó con el correr de las semanas.

En ese contexto, días atrás un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte aceptó parcialmente una medida cautelar presentada por la situación del reclusorio. En su resolución, declaró la violación de múltiples derechos fundamentales de las personas detenidas, entre ellos la integridad personal, la salud, la alimentación, la rehabilitación y el derecho a cumplir la pena en condiciones dignas.

El fallo también ordenó la creación de una mesa de emergencia penitenciaria y exigió al Estado ecuatoriano la implementación de políticas públicas en materia de salud y rehabilitación social, además de protocolos sanitarios adecuados, con un plazo de seis meses. Mientras tanto, bajo la gestión de Noboa, las cárceles siguen acumulando muertes, denuncias y silencios oficiales que profundizan una crisis sin control.