Aunque la asamblea respaldó el informe no vinculante, que se deriva de las investigaciones en curso del fiscal general sobre presuntos sobornos en empresas estatales, la oposición aún está examinando qué cargos quiere presentar contra Lasso y aún no ha solicitado formalmente audiencias de juicio político. El Gobierno no deslizó comentarios de inmediato, pero anteriormente apuntó que los hallazgos del informe se basan en coincidencias y conjeturas.

Cualquier proceso de juicio político contra Lasso, que sobrevivió a un intento de derrocamiento el año pasado durante las protestas antigubernamentales, también requeriría la aprobación de la corte constitucional.

Las audiencias de juicio político, que necesitan los votos de 92 legisladores para proceder, podrían resultar en la censura de Lasso o su destitución.

"Hemos aprobado por unanimidad tanto el levantamiento de la clasificación de la información de la Superintendencia de Sociedades -la caja fue abierta en nuestra presencia- como el levantamiento de la clasificación de los registros de la presidencia", declaró ante los periodistas el diputado del partido Pachakutik, Darwin Pereira.

El frente indígena

La organización indígena CONAIE, que encabezó las protestas el año pasado, reclamó la renuncia de Lasso pero hasta ahora no respaldó las protestas nacionales. Lasso negó las acusaciones de corrupción y dijo que su gobierno cooperará plenamente con las investigaciones de la oficina del fiscal general. La resolución del martes, adoptada en una sesión privada de los 137 miembros de la asamblea, permite a los legisladores acceder a los registros de visitantes de la presidencia y a la información del regulador de empresas.