Entre los principales cuestionamientos mencionaron la situación de la seguridad, el deterioro de los servicios públicos y decisiones que, según sostienen, afectan a los sectores más vulnerables.

El pedido se basa en el mecanismo de revocatoria de mandato contemplado en la Constitución ecuatoriana, que permite solicitar la interrupción anticipada del período de una autoridad elegida por voto popular. Para que avance en el caso de la Presidencia, los impulsores deberán reunir un número de firmas equivalente al porcentaje exigido por la normativa electoral y luego superar la validación del Consejo Nacional Electoral.

Los dirigentes que promueven la medida sostienen que existe un creciente malestar social con la administración de Noboa y plantean que la ciudadanía debe tener la posibilidad de decidir si el mandatario continúa en el cargo.

Desde el oficialismo no consideran que la iniciativa represente un riesgo inmediato para la continuidad del gobierno y defienden las medidas aplicadas durante la gestión, especialmente en materia de seguridad y economía.

El proceso abre un nuevo escenario de tensión política en Ecuador, donde el gobierno de Noboa enfrenta el desafío de sostener su agenda frente al rechazo expresado por sectores organizados de la sociedad.