Tras la reunión, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional que operan en la extensa frontera compartida.

Además, acordaron abordar de manera integral los asuntos pendientes en materia de comercio, transporte, energía e hidrocarburos, sectores que quedaron seriamente afectados por la escalada de medidas adoptadas en los últimos meses.

La crisis bilateral comenzó en enero cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando que Bogotá no realizaba suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la zona fronteriza. Posteriormente, los gravámenes aumentaron hasta el 50 %.

La respuesta colombiana incluyó restricciones al ingreso de productos ecuatorianos, entre ellos arroz y banano, además de la suspensión de la interconexión eléctrica entre ambos países. En paralelo, Ecuador incrementó significativamente las tarifas para el transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de oleoductos ecuatorianos.

Pese a la tensión, ambos gobiernos manifestaron su voluntad de fortalecer los mecanismos de cooperación judicial y mantener abiertos los canales diplomáticos para reconstruir la confianza mutua.

La disputa afectó una relación comercial históricamente sólida, que en los últimos años registró intercambios cercanos a los 2.800 millones de dólares. No obstante, Noboa aseguró recientemente que las medidas adoptadas permitieron revertir el déficit comercial ecuatoriano y alcanzar un saldo favorable de 62,8 millones de dólares frente a Colombia.

Las conversaciones continuarán en las próximas horas bajo la mediación de la Comunidad Andina, en un intento por evitar que el conflicto económico siga profundizándose y afecte la estabilidad de una de las fronteras más sensibles de Sudamérica.