Durante una ceremonia realizada en la ciudad de Guayaquil, el jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Salazar, reconoció la responsabilidad estatal en el caso y expresó el pedido de perdón a los familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro jóvenes que tenían entre 11 y 15 años al momento de los hechos.

El militar sostuvo que el Estado falló en su obligación de proteger a los menores y admitió que no se brindó información inmediata, completa ni veraz sobre su detención, paradero y destino. Además, calificó lo ocurrido como un hecho estremecedor que privó a las víctimas de su libertad, de su infancia y de su derecho a vivir.

La desaparición ocurrió la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando una patrulla integrada por dieciséis soldados interceptó a los adolescentes cerca de un centro comercial ubicado en las inmediaciones del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Los uniformados argumentaron que los jóvenes estaban cometiendo un robo, aunque posteriormente la Justicia descartó esa versión.

Según la investigación, en lugar de ser trasladados a una dependencia policial, los menores fueron llevados a una zona cercana a una base aérea ubicada a unos 40 kilómetros de Guayaquil. Allí habrían sido golpeados, obligados a desnudarse y abandonados.

Días después, los cuerpos fueron hallados calcinados en una zona de manglares. Las pericias forenses determinaron que al menos tres de las víctimas presentaban impactos de bala.

Por estos hechos, varios militares fueron condenados a penas que van desde dos años y medio hasta 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada.

Además de las condenas penales, la Corte Constitucional ecuatoriana ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas la realización de disculpas públicas, la declaración del 8 de diciembre como día de memoria en honor a los menores y la modificación de protocolos y normativas vinculadas a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, las familias sostienen que aún no se ha esclarecido completamente lo ocurrido. Durante el acto, Johanna Arboleda, madre de uno de los adolescentes, reclamó conocer toda la verdad sobre el caso y pidió que hechos similares no vuelvan a repetirse.

La ceremonia también contó con la presencia de representantes de organismos internacionales y de familiares de otras personas desaparecidas presuntamente durante operativos militares vinculados a la lucha contra el crimen organizado impulsada por el gobierno ecuatoriano.

Desde organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron el pedido de perdón como un hecho sin precedentes en Ecuador por tratarse de una admisión pública de responsabilidad estatal ante una violación de derechos humanos de semejante gravedad.