Según informó la Policía Nacional, durante los 15 días de controles fueron detenidas 3.422 personas, de las cuales casi 2.000 fueron arrestadas únicamente por incumplir el toque de queda.

Además, las fuerzas de seguridad reportaron el decomiso de 405 armas de fuego, 5,9 toneladas de droga y casi 50 mil galones de combustible, además de cientos de vehículos retenidos o recuperados.

El Gobierno de Noboa justificó las medidas bajo el argumento del combate al crimen organizado y la ola de homicidios que atraviesa el país, aunque las cifras continúan creciendo y ponen cada vez más en duda la efectividad de la estrategia oficial.

Solo entre enero y abril de 2026 se registraron 2.509 homicidios en Ecuador, con la provincia de Guayas concentrando casi el 44 por ciento de los asesinatos.

La situación en ciudades como Guayaquil sigue siendo una de las más críticas del continente, mientras otras provincias también viven una fuerte escalada de sicariatos, narcotráfico y violencia urbana.

Pese a los estados de excepción, la militarización y los toques de queda permanentes, Ecuador cerró 2025 como el año más violento de toda su historia y las proyecciones para 2026 muestran un escenario similar o incluso peor.

Desde que Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023, Ecuador ya atravesó cinco toques de queda y más de 850 días bajo algún tipo de estado de excepción, lo que representa prácticamente la totalidad de su gestión.

Las restricciones también habilitaron allanamientos sin orden judicial e interceptaciones de comunicaciones, medidas que despertaron cuestionamientos de organismos y sectores opositores por el avance del control estatal sobre derechos civiles.

Mientras tanto, gran parte de la sociedad sigue reclamando resultados concretos frente a una crisis de seguridad que no da tregua y que mantiene al país sumido en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.