Con esta resolución, se habilitan restricciones a derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo allanamientos y operativos sin los controles habituales, en un contexto donde el Ejecutivo vuelve a apostar por medidas de excepción ante la falta de soluciones de fondo.

Lejos de tratarse de una situación nueva, el Gobierno viene encadenando decretos similares desde hace meses, en el marco de una estrategia de “mano dura” que no logra frenar el avance del crimen organizado.

El problema es que, pese a la reiteración de estas herramientas, la violencia no cede. El país atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad, con un crecimiento sostenido de delitos y la consolidación de bandas vinculadas al narcotráfico.

Así, el estado de excepción aparece nuevamente como un recurso urgente, pero también como un síntoma de la incapacidad oficial para dar respuestas estructurales a una crisis que ya desbordó todos los límites.