De acuerdo con la acusación, los implicados habrían operado a través de empresas radicadas en Panamá para obtener ganancias irregulares mediante la reventa de diésel subsidiado a valores internacionales, lo que habría generado un perjuicio al Estado cercano a los 100 millones de dólares.

Sin embargo, la jueza encargada del caso sostuvo que, hasta el momento, los elementos presentados no permiten confirmar la existencia del delito ni la posible participación de los imputados, por lo que la medida de prisión preventiva carece de sustento.

A partir de esta resolución, los hermanos de Alvarez y otros acusados recuperarán la libertad bajo condiciones. No obstante, el intendente continuará detenido en la Cárcel del Encuentro, un establecimiento de máxima seguridad impulsado por el gobierno de Noboa, debido a otras dos causas en su contra.

Además del expediente “Goleada”, Alvarez está imputado en el caso “Triple A”, donde se investiga una presunta red de comercialización ilegal de hidrocarburos que involucra a más de 20 personas y empresas. A su vez, enfrenta una tercera medida de prisión preventiva por una causa que analiza la supuesta manipulación del dispositivo electrónico de control que se le había impuesto en ese mismo proceso.