Entre los reclamos, Noboa mencionó la falta de presencia militar colombiana en la frontera, lo que —según sostuvo— obligó a Ecuador a reforzar su despliegue con un costo adicional cercano a los 400 millones de dólares anuales. También apuntó a la falta de avances en acuerdos energéticos y a la negativa de repatriar a unos 800 detenidos extranjeros.

Desde Colombia, sin embargo, rechazaron las acusaciones y aseguraron que mantienen un importante operativo de control con alrededor de 11.000 efectivos en la zona fronteriza.

El conflicto se intensificó desde finales de enero, cuando Ecuador aplicó inicialmente una tasa del 30 por ciento a productos colombianos. La respuesta no tardó en llegar: Colombia replicó con medidas similares y suspendió la venta de energía eléctrica, lo que profundizó la disputa.

Mientras la tensión escala, ambos países intentan encauzar el conflicto a través de canales diplomáticos. La canciller ecuatoriana, Gabriel Sommerfeld, adelantó que se prevé una reunión en Lima con mediación de la Comunidad Andina, aunque aún no hay fecha confirmada.

Lejos de descomprimir la situación, la decisión del gobierno ecuatoriano marca un endurecimiento de su postura y deja al descubierto una estrategia que, más que resolver el conflicto, amenaza con profundizar sus consecuencias económicas y políticas en la región.