“Primero Ecuador. Ahora el Pacífico Oriental. Los cárteles se están quedando sin océano”, afirmó Hegseth al referirse a la ampliación de las acciones militares.

El Comando Sur informó que en el ataque más reciente murieron seis hombres que viajaban en la embarcación señalada como parte de una red de narcotráfico. De acuerdo con la versión oficial de Washington, la operación forma parte de una campaña iniciada en 2025 para combatir lo que el gobierno estadounidense denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental.

Según datos difundidos por autoridades norteamericanas, más de 40 embarcaciones han sido atacadas desde el inicio de estas operaciones. La política forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump, con el respaldo del Pentágono, para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

En ese esquema, el país aparece como uno de los puntos centrales dentro de la red regional de cooperación militar. En una conferencia realizada en Miami, Hegseth sostuvo que los gobiernos latinoamericanos deben adoptar posturas más agresivas frente al crimen organizado y advirtió que Washington está dispuesto a actuar incluso sin apoyo regional si considera que su seguridad está en riesgo.

“Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva incluso en solitario si es necesario”, afirmó el funcionario durante el encuentro organizado por el Comando Sur con autoridades militares de la región.

El secretario de Guerra también remarcó que la estrategia estadounidense apunta a reforzar el uso del poder militar contra carteles y organizaciones transnacionales, a las que funcionarios de la Casa Blanca han comenzado a equiparar con grupos terroristas.

En ese mismo foro, otros funcionarios plantearon que las redes criminales del hemisferio deben ser enfrentadas con “fuerza letal” y no únicamente mediante herramientas judiciales.

Las declaraciones se producen en un momento en que Estados Unidos busca intensificar su presencia militar en América Latina. Desde Washington, la administración Trump ha vinculado este avance con una reinterpretación de la llamada Doctrina Monroe como eje de seguridad hemisférica frente al narcotráfico, la violencia criminal y la migración irregular.

En paralelo, los gobiernos de ambos países han avanzado en mecanismos de coordinación militar. En febrero de 2026 se realizó en Quito una ronda de reuniones técnicas entre fuerzas navales, conocida como Maritime Staff Talks, destinada a fortalecer la cooperación en materia de seguridad marítima.

Según el material oficial de ese encuentro, el objetivo es transformar las políticas de seguridad de ambos gobiernos en acciones concretas mediante intercambio de información, planificación conjunta y metas operativas en el control del mar.

Durante esas reuniones se destacó que el país es considerado por Washington como uno de sus socios clave en la región para la vigilancia del Pacífico.

Los diálogos también abordaron los desafíos que enfrentan las autoridades nacionales en el control del espacio marítimo, particularmente el narcotráfico que parte desde territorio continental hacia rutas oceánicas y la presencia de flotas pesqueras extranjeras cerca de la reserva marina de Galápagos.

En ese contexto, los funcionarios señalaron que el espacio marítimo nacional es más de cinco veces mayor que el territorio terrestre, lo que convierte el control del océano en un desafío estratégico para las fuerzas navales.

El plan de cooperación contempla mejorar la interoperabilidad entre armadas, compartir inteligencia y coordinar operaciones conjuntas para interceptar redes criminales que utilizan rutas marítimas para transportar drogas. También se discutió la incorporación de sistemas no tripulados y nuevas tecnologías de vigilancia para ampliar el monitoreo en el mar.

Sin embargo, la creciente presencia militar estadounidense en la región también ha generado cuestionamientos. Organizaciones civiles y algunos legisladores en Estados Unidos han advertido sobre posibles violaciones al derecho internacional en los ataques contra embarcaciones sospechosas y reclaman mayor transparencia sobre la evidencia utilizada para justificar estas operaciones armadas.