El entendimiento prevé un financiamiento total equivalente a DEG 3.750 millones, es decir, cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, proteger a los sectores más vulnerables, recomponer los niveles de liquidez, preservar la estabilidad macroeconómica y avanzar en reformas estructurales orientadas a un crecimiento sostenible e inclusivo.

Hasta el momento, Ecuador ha percibido aproximadamente 3.330 millones de dólares tras completar cuatro revisiones previas.

La última evaluación, correspondiente a la cuarta revisión y aprobada en diciembre de 2025, habilitó un desembolso inmediato cercano a 630 millones.

En esa instancia, el Directorio Ejecutivo consideró que el desempeño del programa era sólido, que se habían cumplido los criterios cuantitativos establecidos a fines de octubre de 2025 y que las metas estructurales previstas para esa etapa se habían alcanzado.

Con ese giro, el total transferido bajo el acuerdo ascendió a unos USD 3.300 millones.

La quinta revisión analizará los compromisos vinculados al cierre de 2025 y los primeros meses de 2026.

Entre los objetivos estructurales figura la elaboración y difusión de un marco conceptual y operativo para modernizar el Sistema Oficial de Contrataciones Públicas, así como la aprobación y publicación de un plan estratégico destinado a reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo detectados en la Evaluación Nacional de Riesgos aprobada en 2024.

Además, se examinarán los resultados fiscales y financieros comprometidos, cuya validación es condición indispensable para liberar el próximo tramo.

Los programas del tipo Servicio Ampliado del Fondo incluyen revisiones periódicas que combinan metas cuantitativas —como resultados fiscales, acumulación de reservas o límites de endeudamiento— con compromisos estructurales vinculados a reformas institucionales y mejoras en la gobernanza.

El mecanismo establece desembolsos escalonados, que se habilitan únicamente cuando el país demuestra avances en los objetivos pactados.

En su balance macroeconómico más reciente, el organismo destacó señales de recuperación en la economía, con una proyección de crecimiento del producto interno bruto real del 3,4 por ciento en 2025, baja inflación promedio y superávits en cuenta corriente que fortalecieron las reservas internacionales.

También resaltó progresos en la consolidación fiscal y una reducción de los diferenciales soberanos, aunque advirtió que persisten riesgos externos asociados a la volatilidad de los precios del petróleo y de los mercados financieros internacionales.

Si la quinta revisión recibe luz verde, quedarán aún cuatro evaluaciones pendientes hasta 2028, junto con desembolsos por aproximadamente 1.265 millones de dólares en el marco del programa actual.

En paralelo, Ecuador deberá afrontar un calendario creciente de pagos al propio Fondo por créditos tomados en años anteriores: solo en 2026 se prevé la cancelación de alrededor de 1.090 millones de dólares, con montos mayores en 2027 y 2028.

En este escenario, la revisión de marzo se inscribe en una etapa en la que los desembolsos comienzan a reducirse progresivamente, mientras el país transita el tramo final del acuerdo.

La decisión final dependerá del nivel de cumplimiento de las metas y de la evaluación técnica sobre la consistencia de la política fiscal y de las reformas estructurales en curso.