Familias de adolescentes asesinados piden disculpas públicas del ministro de Defensa tras condena a 16 militares
Las familias de los cuatro adolescentes víctimas del denominado caso Las Malvinas solicitaron que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, comparezca personalmente para ofrecer disculpas públicas y rectificar declaraciones emitidas en las primeras etapas del proceso, luego de que el Tribunal de Garantías Penales notificara la sentencia que condenó a 16 militares por desaparición forzada con resultado de muerte.
El pedido fue formulado el 25 de febrero de 2026 en Guayaquil, durante una rueda de prensa convocada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). En el fallo, el tribunal reconoció la responsabilidad penal de una patrulla militar por la aprehensión y posterior muerte de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, de entre 11 y 15 años, retenidos el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Los cuerpos fueron hallados 16 días después, el 24 de diciembre, en una zona rural vinculada al sector de Taura. La sentencia determinó que las muertes fueron consecuencia directa de la desaparición forzada y descartó que el estado de excepción o la obediencia debida puedan justificar delitos cometidos por agentes estatales.
Entre las medidas de reparación integral ordenadas se incluyen disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y la colocación de una placa que reconozca la responsabilidad estatal. No obstante, los abogados de las familias anunciaron que presentarán un recurso de ampliación para que se precise la modalidad y los plazos de cumplimiento de estas disposiciones.
Fernando Bastias, integrante del CDH, sostuvo que la reparación moral debe concretarse en un acto directo frente a los familiares, mientras que el abogado Abraham Aguirre señaló que el Ejecutivo podría ofrecer las disculpas sin esperar que la sentencia quede ejecutoriada, como muestra de buena fe.
El tribunal impuso 34 años y ocho meses de prisión a 11 militares como autores directos del delito, y penas reducidas a otros cinco por cooperación eficaz. Dos defensas técnicas interpusieron recursos de apelación, por lo que la resolución aún no está en firme.
Para las organizaciones de derechos humanos, el fallo constituye un precedente en materia de graves violaciones a derechos humanos y subraya la necesidad de garantizar medidas efectivas de reparación y no repetición. Las familias, por su parte, reiteraron que el acto de disculpas presenciales es un paso indispensable para restituir la memoria y la honra de los adolescentes.
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