El informe legislativo concluyó que las acciones del funcionario, quien estuvo más de un año y medio al frente del organismo encargado de la administración judicial, “fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los administradores de justicia”.

La Asamblea calificó su desempeño como “deficiente” e “inoperante”, en particular tras el caso de un juez anticorrupción que recibió amenazas de muerte luego de condenar a un narcotraficante. El magistrado había denunciado además que se le retiró su esquema de seguridad y que sufrió presuntas presiones de otro funcionario judicial para favorecer a un ciudadano serbio procesado por lavado de activos.

El contexto de violencia contra operadores judiciales agrava la situación. Según el Observatorio de Derechos y Justicia, entre 2020 y 2025 fueron asesinados 12 fiscales y tres jueces en Ecuador, en medio del avance del crimen organizado y la penetración del narcotráfico en distintas instituciones.

La destitución de Godoy profundiza la tensión política en el país y reabre el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes integran el sistema judicial en un escenario marcado por la inseguridad y la presión de estructuras criminales.