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Negociación bajo presión

Noboa celebra un acuerdo comercial con Trump sin detalles públicos mientras el país cede aranceles y mantiene déficit

El convenio “recíproco” aún no tiene condiciones específicas difundidas, pero ya contempla la apertura del mercado ecuatoriano a sectores clave estadounidenses en un contexto de asimetría comercial y críticas productivas.

El gobierno de Daniel Noboa anunció el avance de un acuerdo comercial “recíproco” con Estados Unidos que, según las autoridades, se firmaría en las próximas semanas, aunque no se difundieron los alcances concretos ni las condiciones específicas del tratado, lo que abre interrogantes sobre la transparencia de una negociación estratégica para la economía ecuatoriana.

El entendimiento surge luego de que Washington impusiera aranceles de hasta el 15 por ciento a productos ecuatorianos, una presión comercial que posteriormente derivó en negociaciones bilaterales para revertir esos gravámenes. En paralelo, Noboa celebró el acuerdo en redes sociales al sostener que busca generar oportunidades económicas, pese a que los beneficios específicos para Ecuador todavía no fueron detallados oficialmente.

Uno de los puntos centrales del convenio implica que Ecuador reducirá o eliminará aranceles para sectores clave de Estados Unidos, entre ellos maquinaria, tecnología, productos de salud, químicos, motores de vehículos y algunos bienes agrícolas, lo que representa una apertura significativa del mercado interno frente a una economía mucho más competitiva y con mayor volumen exportador.

La asimetría comercial ya es un dato estructural: en 2024, la balanza bilateral fue deficitaria para Ecuador en 644,5 millones de dólares, mientras Estados Unidos exportó bienes y servicios al país andino por más de 10.200 millones, lo que expone una relación económica desigual en la que la liberalización arancelaria podría profundizar la dependencia comercial.

Además, el acuerdo compromete al país sudamericano a revisar y eventualmente eliminar barreras no arancelarias, evitar impuestos discriminatorios a servicios digitales estadounidenses y apoyar una moratoria permanente sobre aranceles a transmisiones electrónicas en la OMC, compromisos regulatorios que reducen el margen de maniobra futura en materia de política económica y tecnológica.

Otro foco de tensión radica en el impacto interno. La posible apertura del mercado a productos estadounidenses que registran subas de precios, como la carne, ya generó críticas entre productores agropecuarios ecuatorianos, que advierten por el riesgo de competencia directa con bienes importados en un contexto económico sensible.

Mientras el Representante de Comercio de Estados Unidos destacó el acuerdo como una plataforma para expandir inversión y comercio, desde el lado ecuatoriano la narrativa oficial se centra en promesas de prosperidad sin estimaciones concretas de impacto productivo, empleo o protección de sectores estratégicos locales.

En términos políticos y económicos, el anuncio anticipado de un tratado sin detalles públicos, sumado a concesiones arancelarias relevantes y a una balanza comercial deficitaria, instala dudas sobre la capacidad negociadora del gobierno y sobre si el acuerdo responde a una estrategia de desarrollo equilibrado o a la necesidad de aliviar tensiones comerciales con Washington tras la imposición de aranceles previos.

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