Durante su discurso, Noboa sostuvo que el Gobierno estará en territorio “resolviendo problemas” y “no escondiéndose”, una frase que, en términos políticos, implica el reconocimiento indirecto de la pérdida de control estatal en zonas críticas atravesadas por el narcotráfico y la violencia criminal. Guayaquil, ubicada en la provincia de Guayas, es considerada uno de los nodos centrales utilizados por mafias para el envío de droga hacia Europa y Estados Unidos.

La decisión llega en un contexto especialmente delicado: Ecuador permanece bajo la declaratoria de “conflicto armado interno” desde 2024 y, pese a las políticas de militarización y ofensiva contra bandas criminales, 2025 cerró como el año más violento de la historia del país, con 9.216 homicidios, según cifras oficiales. Este dato refuerza el contraste entre el endurecimiento del discurso de seguridad y los resultados concretos en materia de reducción del delito.

Además, no se trata de una medida aislada. Noboa ya había trasladado temporalmente la sede operativa del Gobierno a otras ciudades como Latacunga e Ibarra, lo que consolida un esquema de gestión itinerante que, hasta el momento, no logró revertir los indicadores estructurales de violencia ni la expansión territorial de las organizaciones criminales.

Otro punto que genera cuestionamientos es la ausencia de formalización administrativa de la medida. Sin decreto publicado, el traslado queda en el plano del anuncio político, lo que alimenta críticas sobre una conducción basada en gestos simbólicos más que en instrumentos institucionales claros, en un escenario donde el Estado reconoce que las zonas más productivas del país coinciden con los principales corredores del narcotráfico.

A esto se suma el componente discursivo del mandatario, quien responsabilizó a “políticos que han hecho lo que les ha dado la gana” por la situación de Guayaquil, una línea narrativa que desplaza el eje hacia gestiones anteriores mientras la actual administración mantiene vigente un esquema de excepción y militarización que no logró frenar la escalada delictiva.

En términos políticos, el traslado de la base gubernamental al epicentro de la crisis de seguridad puede interpretarse como una reacción a la presión territorial del crimen organizado, pero también como una señal de centralización del poder en un contexto de emergencia prolongada, donde el Ejecutivo gobierna bajo un clima de excepcionalidad constante y con decisiones anunciadas públicamente antes que institucionalizadas.