Entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se contabilizaron más de 3.600 muertes vinculadas a la violencia criminal, lo que representa un aumento del 42 por ciento respecto del mismo período de 2024. Las cifras reflejan una crisis que el Gobierno no solo no logró frenar, sino que permitió profundizar.

El informe advierte que el 71 por ciento de la población ecuatoriana, más de 12 millones de personas, estuvo expuesta en 2025 a hechos de violencia relacionados con el crimen organizado.

Se trata del nivel más alto registrado en América Latina y el Caribe entre los países monitoreados. Ecuador pasó, en pocos años, de ser considerado un destino relativamente seguro a convertirse en un territorio de alto riesgo para su propia población.

La escalada violenta se explica, en primer término, por la disputa territorial entre las principales estructuras criminales del país, Los Lobos y Los Choneros.

La extradición a Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en julio de 2025, debilitó a Los Choneros y abrió un escenario de expansión para sus rivales, especialmente sobre rutas estratégicas del narcotráfico y la exportación ilegal de oro. Las provincias costeras de Manabí y Los Ríos se convirtieron en epicentros de esa guerra criminal.

A este escenario se suma la fragmentación interna de las bandas. Capturas, asesinatos y exilios de líderes provocaron disputas internas por el control de economías ilícitas como la minería ilegal de oro, en particular en provincias como El Oro.

Muchas de estas tensiones nacen en las cárceles, que funcionan como verdaderos centros de operaciones del delito, y luego se trasladan a las calles. Las masacres carcelarias fueron un factor clave en el aumento de muertes registrado durante el año.

ACLED también señala el rol creciente de Ecuador como punto estratégico del narcotráfico regional. El aumento de la producción de cocaína convirtió al país en una terminal clave de transbordo hacia mercados internacionales.

A esto se suma la presencia de grupos armados colombianos, lo que llevó al Gobierno a declarar como enemigos del conflicto armado interno a facciones disidentes de las FARC y a Comuneros del Sur, una escisión del ELN.

Sin embargo, el informe es categórico al evaluar la respuesta oficial. La estrategia del presidente Daniel Noboa, basada en la declaración de conflicto armado interno y el despliegue de Fuerzas Armadas en calles y cárceles, no logró contener la violencia ni recuperar el control del sistema penitenciario.

A esto se sumó el rechazo ciudadano, en noviembre de 2025, a la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a la habilitación de bases militares extranjeras, un mensaje político que profundizó la debilidad del Ejecutivo.

De cara a 2026, ACLED advierte un escenario crítico. Si ninguna organización criminal logra consolidar hegemonía territorial y el Estado sigue sin controlar cárceles y comunidades dominadas por bandas, la violencia podría expandirse a nuevas provincias.

La construcción de una prisión de máxima seguridad en Santa Elena podría incluso detonar resistencias internas y nuevos motines, en un contexto marcado además por el inicio del camino hacia las elecciones locales de 2027, históricamente atravesadas por amenazas y ataques a dirigentes políticos.

El contexto regional tampoco ofrece alivio. La situación en el sur de Colombia, la evolución de la política de “Paz Total” de Gustavo Petro y las decisiones del próximo gobierno peruano en materia de control del contrabando de oro y armas podrían modificar las dinámicas fronterizas.

A esto se suman las políticas de Estados Unidos contra el narcotráfico y la migración, que podrían redirigir rutas hacia el Pacífico y aumentar la presión sobre territorio ecuatoriano.

En este marco, Ecuador fue incluido por ACLED dentro del grupo de países con mayor nivel de violencia del planeta, junto a Palestina, Myanmar, Siria, México, Nigeria, Brasil y Haití.

El informe concluye que la crisis de seguridad no muestra señales de estabilización y mantiene una tendencia ascendente que compromete seriamente la gobernabilidad y la posición regional del país.