Ecuador aprueba ley de ciberseguridad que obliga a escuelas y universidades a enseñar seguridad digital
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, una normativa que busca establecer un marco integral para la prevención, detección y respuesta frente a incidentes en el ciberespacio. Entre sus principales disposiciones, la ley obliga a escuelas, colegios y universidades a implementar programas de formación en seguridad digital, ciberseguridad y protección de datos personales.
El proyecto fue tramitado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que presentó su informe para segundo debate el 30 de enero de 2026. Durante el proceso legislativo se unificaron iniciativas previas y se incorporaron aportes de entidades públicas, sector privado, academia y especialistas en derecho digital e informática.
Celebramos la aprobación, el pasado 10 de febrero, por parte de la @AsambleaEcuador, del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la #Ciberseguridad en 🇪🇨.
— OEA Ciberseguridad (@OEA_Cyber) February 11, 2026
Este importante hito fortalece el marco institucional y normativo del país, impulsa el desarrollo de capacidades… pic.twitter.com/gntYog8q7C
En la discusión participaron instituciones como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Protección de Datos Personales y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los principales puntos de debate giraron en torno a la definición de infraestructura crítica digital, las obligaciones para el sector privado, la coordinación interinstitucional y el régimen de notificación de incidentes.
La ley dispone la creación y fortalecimiento de instancias de coordinación nacional para la gestión de incidentes informáticos, articulando al ente rector en transformación digital, los equipos de respuesta a incidentes (CSIRT) y los organismos vinculados a defensa y seguridad interna. El objetivo es superar la fragmentación institucional y consolidar una respuesta estratégica ante ataques que afecten servicios esenciales o datos sensibles.
Uno de los ejes centrales es el enfoque preventivo. La norma establece que las instituciones educativas incorporen contenidos sobre riesgos digitales, suplantación de identidad, protección de credenciales y uso seguro de plataformas electrónicas. Durante el debate se advirtió que muchos incidentes tienen origen en errores humanos o desconocimiento, por lo que la capacitación temprana es considerada clave para reducir vulnerabilidades frente a amenazas como ransomware y phishing.
El texto aprobado incorpora principios como neutralidad tecnológica, proporcionalidad y resiliencia, alineados con estándares internacionales como las normas ISO 27000 y el marco NIST. Además, fija la obligación de notificar incidentes de seguridad en plazos determinados para activar protocolos de respuesta temprana y evitar la propagación de ataques.
En el plano institucional, la ley delimita competencias entre el ente rector en transformación digital y los organismos de control sectoriales, con el fin de evitar superposiciones. También prevé la elaboración de un catálogo nacional de infraestructura crítica digital y la adopción de estándares mínimos de seguridad para entidades públicas y operadores estratégicos.
Finalmente, la normativa refuerza la cooperación internacional en línea con instrumentos como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y promueve el intercambio regional y global de información sobre amenazas, en un contexto de creciente sofisticación de los ataques informáticos.
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