Bajo el argumento de proteger a la población frente a delitos digitales, la ley ordena incorporar contenidos específicos sobre seguridad informática, uso responsable de tecnologías y protección de datos personales dentro de los planes de estudio.

La decisión fue tomada sin que se conozcan detalles concretos sobre cómo se implementará esta exigencia, quién capacitará a los docentes ni con qué recursos contará el sistema educativo para cumplirla.

El texto legal también crea nuevas estructuras estatales de coordinación y control, define infraestructuras digitales consideradas “críticas” y habilita una mayor intervención gubernamental en la gestión de información sensible. Para distintos sectores, la norma refuerza una lógica de centralización y control, más cercana a la vigilancia que a una política educativa integral.

La obligatoriedad de estos contenidos genera interrogantes sobre la autonomía educativa y la capacidad real de las instituciones para adaptarse a una nueva carga curricular sin planificación ni financiamiento garantizado. En un contexto de crisis y falencias estructurales en educación, la ley aparece como una imposición vertical del gobierno, que suma exigencias sin resolver problemas de fondo.

Así, la ciberseguridad se convierte en una nueva bandera oficial, mientras el peso de la implementación recae, una vez más, sobre escuelas, docentes y estudiantes, sin certezas ni respuestas claras desde el poder central.