Ambos proyectos, calificados por el Consejo de Administración Legislativa el 1 de febrero, comenzaron su trámite en la Comisión de Desarrollo Económico bajo un clima de tensión. El carácter “urgente” obliga al Parlamento a resolverlos en un plazo máximo de 30 días, una presión temporal que la oposición denuncia como una estrategia para limitar el debate y acelerar reformas estructurales sin discusión social suficiente.

GAD: ajuste fiscal con castigo a la ciudadanía

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) es presentada por el Ejecutivo como una medida para “ordenar” las finanzas locales. Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana y Pachakutik advierten que el verdadero objetivo sería trasladar a municipios y prefecturas el costo de la deuda que el Gobierno central mantiene con ellos.

La asambleísta Ana Herrera alertó que el proyecto pone en riesgo la autonomía administrativa de los GAD y los convierte en meros ejecutores de una política fiscal dictada desde Quito. Si bien la norma insiste en que el 70% del presupuesto debe destinarse a inversión, el foco del rechazo está en el mecanismo de sanción: la reducción de recursos en caso de incumplimiento.

“El castigo no recae sobre el funcionario que administra mal, sino sobre la gente que deja de recibir servicios”, sostuvo Herrera, sintetizando una crítica central: el ajuste se traduce en menos obras y menos atención ciudadana, no en mayor responsabilidad política.

Desde Pachakutik, Mariana Yumbay fue más allá y cuestionó la legitimidad del planteo oficial mientras el Estado no cancele su deuda con los gobiernos locales. Para la legisladora, imponer reglas fiscales sin garantizar transferencias oportunas es una forma de disciplinamiento político y financiero.

Minería y energía: menos controles, más mercado

Las críticas se vuelven aún más severas en el proyecto que reforma los sectores estratégicos de minería y energía. Legisladores opositores denuncian una flexibilización peligrosa de los controles ambientales y un giro claro hacia la apertura al capital privado, en tensión con la Constitución y decisiones populares recientes.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la licencia ambiental obligatoria, que sería reemplazada por una autorización administrativa del Ministerio del Ambiente. Para Herrera, esto desarma un “candado” clave y allana el camino a proyectos altamente conflictivos, como Olón o Quimsacocha, reavivando escenarios de disputa social e impunidad.

Yumbay calificó la iniciativa como un “engaño político” que, bajo un título técnico, favorece intereses privados sin construir una política pública integral. También advirtió que la reforma vacía de contenido el derecho a la consulta previa, libre e informada, facilitando la ocupación de territorios sin una decisión real de las comunidades afectadas.

En el plano energético, el rechazo se concentra en la posibilidad de concesiones de hasta 30 años para servicios públicos estratégicos. Para la oposición, se trata de una privatización encubierta que contradice la Constitución y el mandato popular expresado en noviembre de 2025.

Un oficialismo a la defensiva

Desde el bloque oficialista ADN, la defensa de los proyectos se apoya en un discurso de eficiencia fiscal y necesidad de inversión. La asambleísta Nathaly Farinango aseguró que las reformas buscan priorizar obra pública y mejorar las finanzas del Estado, aunque admitió que el trámite legislativo podría introducir ajustes.

Sin embargo, la respuesta oficial no logra disipar la desconfianza. Para amplios sectores del Parlamento, el gobierno de Noboa está utilizando la urgencia económica como atajo para avanzar en reformas que reducen autonomías, debilitan controles ambientales y reabren la puerta a la privatización de sectores estratégicos.

El debate recién comienza, pero el escenario ya está marcado: un Ejecutivo que acelera y una oposición que alerta sobre un modelo que, bajo el argumento de la sostenibilidad fiscal, corre el riesgo de profundizar desigualdades territoriales, conflictos socioambientales y la mercantilización de bienes públicos.