La decisión activó una reacción inmediata de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro respondió con aranceles del 30 por ciento y suspendió temporalmente la venta de electricidad, un punto sensible para Ecuador, que es deficitario en energía. El resultado fue una escalada comercial cruzada que Noboa abrió, pero cuya factura interna todavía no explicó.

Desde Quito, la justificación cambió rápidamente del petróleo al narcotráfico. El Ejecutivo ecuatoriano vinculó la suba de tarifas con problemas de seguridad en la frontera y atentados contra oleoductos, como si un conflicto criminal pudiera resolverse con una planilla de precios. La relación causal nunca se detalló: no se precisó qué parte del costo extra cubre seguridad, ni por qué el impacto se traslada íntegramente a Colombia.

El contexto internacional agregó ruido. Mientras Noboa se muestra como aliado estratégico de Washington, una misión de Estados Unidos llegó a Quito en plena tensión bilateral, con el telón de fondo de la presión de Donald Trump sobre la política antidrogas en la región. La coincidencia temporal reforzó el relato de “línea dura”, pero no aclaró si la suba del 900 por ciento es una decisión económica sostenible o un gesto político dirigido a la tribuna internacional.

Así, el presidente ecuatoriano combinó un aumento abrupto de tarifas, conflicto diplomático y retórica de seguridad sin ordenar el conjunto. Mucha urgencia, poca explicación. El precio se multiplicó por diez; la claridad, no.