El anuncio generó una respuesta inmediata de Bogotá, que avanzó con tarifas recíprocas y suspendió las exportaciones de electricidad hacia Ecuador, un recurso clave durante la reciente crisis energética que atravesó ese país. La escalada dejó en evidencia el grado de interdependencia entre ambas economías y puso en discusión el impacto real de decisiones unilaterales tomadas desde el poder ejecutivo ecuatoriano.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro recordó públicamente que su país sostuvo el suministro eléctrico a Ecuador en medio de apagones prolongados provocados por la sequía.

Más allá del tono personal de sus declaraciones, el trasfondo del conflicto revela una cuestión más profunda: la dificultad del gobierno de Noboa para articular una política regional coherente frente a problemas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.

El argumento central de Quito —la falta de cooperación colombiana— resulta, cuanto menos, discutible. El desplazamiento de mafias hacia territorio ecuatoriano responde a dinámicas complejas que exceden a un solo país y que requieren coordinación binacional, inversión en inteligencia y políticas de largo plazo. La imposición de aranceles, en cambio, parece más un gesto político de corto alcance que una herramienta eficaz contra el delito.

Además, la decisión impacta de lleno en las zonas fronterizas, donde el comercio y la provisión de servicios básicos dependen del vínculo cotidiano entre ambos países. Con una frontera terrestre de 586 kilómetros, Ecuador y Colombia comparten realidades sociales y económicas que difícilmente puedan administrarse a través de sanciones comerciales sin consecuencias para la población.

El cruce público también dejó al descubierto un deterioro en el vínculo personal entre ambos mandatarios, un factor que, aunque secundario, incide en la capacidad de diálogo político. Sin embargo, reducir el conflicto a una cuestión de afinidades personales sería simplificar un escenario donde lo que está en juego es la orientación internacional del gobierno ecuatoriano.

Con esta medida, Noboa parece apostar a una lógica de confrontación y alineamientos selectivos que prioriza el impacto mediático antes que la construcción de consensos regionales. En un contexto de crisis energética, violencia creciente y economías tensionadas, el camino elegido por Ecuador plantea más interrogantes que soluciones y vuelve a poner en duda la eficacia de decisiones unilaterales en una región que necesita, más que nunca, cooperación sostenida.