El Gobierno vuelve a entregar su mayor hidroeléctrica a una empresa china pese a fallas y sospechas de corrupción
El Gobierno ha decidido avanzar con un nuevo acuerdo para la gestión de la central hidroeléctrica más grande del país, a pesar de los problemas que han marcado su funcionamiento desde que fue construida.
La administración optó por poner fin a una disputa legal internacional con la empresa que originalmente edificó la obra y abrir la puerta para que la matriz de esa compañía, también de origen chino, se encargue de operar y mantener la planta.
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— De Tendencia Progresista (@RRueda_Ermel) July 21, 2024
Ecuador fue la "quinta potencia mundial en energía limpia" con la construcción de las primeras ocho hidroeléctricas. No había apagones y exportábamos energía a Perú y Colombia. pic.twitter.com/euKGETR7bo
La decisión fue tomada por el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador a finales de 2025, en el marco de una negociación que incluye una compensación económica a favor del Estado ecuatoriano.
Parte de ese monto se entregará en efectivo y otra parte bajo la forma de crédito, y está vinculada a un contrato que ahora permitiría transferir la operación de la hidroeléctrica a la firma extranjera.
La central, concebida para generar 1500 megavatios y cubrir una porción importante de la demanda energética nacional, nunca ha funcionado a pleno rendimiento. Desde su inauguración en 2016, ha presentado miles de grietas en componentes clave de su estructura, fallas que incluso habrían sido conocidas por la empresa constructora años antes de la finalización de la obra.
A estos problemas técnicos se suman impactos ambientales significativos. El curso del río en cuya cuenca se ubica la central ha sufrido cambios drásticos, lo que ha acelerado procesos de erosión y provocado efectos negativos en la región. En varios episodios, la acumulación de sedimentos obligó a detener la producción eléctrica por razones de seguridad.
Las dificultades no terminaron en lo técnico y ambiental: también se investigan presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación del contrato original, con implicaciones que alcanzan a exfuncionarios de alto nivel del país.
A pesar de ese historial, el Ejecutivo optó por esta salida negociada tras fortalecer la relación con el gobierno chino, que considera estratégica para diversos ámbitos. Según las autoridades, este nuevo acuerdo permitiría cerrar conflictos judiciales, obtener recursos inmediatos y asegurar la continuidad operativa de una infraestructura considerada imprescindible para el sistema eléctrico.
Sin embargo, la decisión ha generado interrogantes entre expertos, que señalan que confiar nuevamente esta obra, con un pasado lleno de fallas y controversias, al mismo grupo empresarial extranjero expone al Estado a riesgos y no aborda los problemas estructurales ni ambientales acumulados a lo largo de los años.
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