El aval del CAL se produjo luego de constatar que la solicitud cumplía con los requisitos formales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En ese marco, la Unidad Técnica Legislativa elaboró un informe técnico jurídico no vinculante que consideró procedente el trámite. Con ese respaldo, el expediente fue derivado a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que será la encargada de sustanciar el proceso.

El pedido de juicio político se apoya en cuestionamientos vinculados al desempeño de Godoy al frente del organismo que administra y controla a jueces y fiscales.

Entre los argumentos planteados figuran presuntas irregularidades en la gestión y denuncias de presiones indebidas que, según los impulsores del proceso, afectarían la independencia judicial. El funcionario rechazó las acusaciones y afirmó que su actuación se ha ajustado al marco legal vigente.

A fines de diciembre, el presidente Daniel Noboa recomendó públicamente a Godoy que presente su renuncia una vez que comparezca ante la Asamblea Nacional.

El planteo se dio en medio del escándalo generado por supuestas presiones dentro del sistema judicial y por amenazas contra un juez que intervino en una causa de narcotráfico vinculada a un ciudadano serbio. El mandatario aseguró que el Estado garantizará la protección del magistrado para que pueda continuar con el proceso sin intimidaciones.

Pese a esa recomendación, tras la comparecencia Godoy permanece en su cargo. La controversia también alcanzó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien convocó al pleno del tribunal para este lunes con el objetivo de definir su futuro institucional. Suing había incluido en dos oportunidades a Godoy dentro de su terna para presidir la Judicatura.

La autorización del CAL no implica ni la destitución ni la suspensión automática del titular de la Judicatura. En esta etapa, la Comisión de Fiscalización deberá convocar a las partes, recibir documentación y analizar los elementos presentados.

Una vez concluida esa instancia, se elaborará un informe que recomendará o no avanzar con el enjuiciamiento, el cual será elevado al Pleno de la Asamblea. Para una eventual censura y destitución se requiere una mayoría calificada, tal como establece la Constitución.

El avance del proceso se da en un contexto de fuerte tensión entre los distintos poderes del Estado y de cuestionamientos persistentes sobre el funcionamiento del sistema judicial.

En los últimos años, la Judicatura ha sido objeto de críticas por su intervención en concursos, evaluaciones y sanciones a operadores judiciales, así como por su relación con otros organismos de control.

El juicio político vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del control legislativo y la autonomía de la Función Judicial.

Desde el oficialismo sostienen que el trámite responde a la obligación constitucional de fiscalizar a las autoridades, mientras que sectores críticos advierten sobre el riesgo de que el proceso sea utilizado como una herramienta de presión política sobre la justicia.

Godoy podrá ejercer su derecho a defensa durante el desarrollo del expediente en la Comisión de Fiscalización.

Si el informe acusatorio prospera y se alcanzan los votos necesarios en el Pleno, la Asamblea podría avanzar con su censura y destitución, lo que abriría un nuevo escenario en la conducción del organismo judicial.

En caso contrario, el archivo del proceso consolidaría su continuidad en el cargo y sentaría un precedente sobre el alcance del control parlamentario.

Con la habilitación del CAL, el juicio político queda formalmente incorporado a la agenda legislativa, en un Parlamento atravesado por múltiples procesos de fiscalización y por un clima de creciente polarización institucional.

El desenlace dependerá del desarrollo de la investigación, del equilibrio de fuerzas políticas y de la solidez de los argumentos que logren sostener las partes.