El dato que expone el fracaso es contundente. Ecuador cerró 2025 con más de 8800 homicidios, una cifra récord que ubica al país entre los más violentos de América Latina, con una tasa estimada de 52 asesinatos cada 100 mil habitantes. Solo entre noviembre y diciembre, en las zonas ahora bajo excepción, se registraron más de 1200 muertes, lo que evidencia que las medidas previas no funcionaron.

Pese a ese escenario, el Gobierno insiste con la misma receta: más militarización, más recorte de derechos y más discrecionalidad, pero sin una política integral que ataque las raíces del problema. Las bandas criminales Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones continúan operando, expandiéndose territorialmente y controlando corredores estratégicos del narcotráfico, incluso bajo estados de excepción anteriores.

La ampliación vuelve a abrir un debate incómodo: ¿hasta qué punto Noboa puede seguir gobernando a fuerza de decretos sin asumir responsabilidades políticas? El Ejecutivo justifica la medida como necesaria para la inteligencia y la seguridad, pero los resultados muestran lo contrario. La violencia no solo persiste, sino que se expande y se organiza con mayor sofisticación.

Además, el uso reiterado de estados de excepción normaliza la suspensión de garantías constitucionales, debilitando el Estado de Derecho y trasladando el costo del fracaso gubernamental a la ciudadanía. Mientras tanto, no hay señales claras de reformas profundas en el sistema judicial, penitenciario o social, pilares clave para enfrentar al crimen organizado.

La estrategia de Noboa parece clara: administrar la crisis, no resolverla. Cada nuevo decreto confirma que el problema no es solo la violencia criminal, sino la ausencia de un plan de seguridad sostenible, capaz de ir más allá del impacto mediático y la respuesta punitiva inmediata.