El pedido de renuncia no fue acompañado por decisiones concretas ni acciones institucionales claras. Noboa aclaró que se trata de una “exhortación” y no de una imposición, una postura que para amplios sectores políticos y judiciales refleja debilidad y falta de liderazgo frente a un escándalo que compromete la credibilidad del Estado.

El caso estalló tras la difusión de audios y denuncias que apuntan a presiones ejercidas desde ámbitos administrativos de la Judicatura para influir en fallos judiciales. En el centro de la escena aparece un juez penal y anticorrupción que intervino en una causa contra un ciudadano serbio vinculado al narcotráfico, quien denunció amenazas directas luego de dictar sentencia.

Aunque Noboa aseguró que el Estado garantizará la seguridad del magistrado, lo cierto es que el episodio vuelve a exponer la fragilidad institucional de su gestión. La protección llega después del escándalo, no como una política preventiva, y deja la sensación de un gobierno que reacciona solo cuando la crisis ya es inocultable.

Para agravar el panorama, el oficialismo denunció sin pruebas la existencia de un supuesto acuerdo político entre sectores del correísmo y el partido del expresidente Guillermo Lasso para desplazar a Godoy. La acusación, rechazada por todos los involucrados, fue leída como un intento del Gobierno de desviar el foco y trasladar responsabilidades en lugar de asumir su propia incapacidad para ordenar la Función Judicial.

Mientras tanto, Godoy confirmó que asistirá a la Asamblea para defenderse y solicitó licencias temporales, una decisión que profundizó las críticas por su permanencia en el cargo en medio de un proceso de fiscalización que cuenta con respaldo unánime del Legislativo.

La crisis en la Judicatura reabrió el debate sobre la independencia judicial en el país, pero también dejó al desnudo a un gobierno que habla de institucionalidad mientras gestiona a fuerza de comunicados, recomendaciones públicas y denuncias sin sustento, en un contexto donde la confianza ciudadana en la justicia y en el Ejecutivo sigue en caída libre.