Seis militares a prisión por una presunta ejecución extrajudicial en Santa Elena y crece la presión sobre Noboa
La crisis de seguridad volvió a quedar expuesta, esta vez con un caso que golpea directamente al gobierno de Daniel Noboa. Un juez dictó prisión preventiva para seis militares acusados de participar en una presunta ejecución extrajudicial durante un operativo antidrogas en Santa Elena, un episodio que encendió alarmas y profundizó las dudas sobre el manejo estatal en materia de orden público.
La información preliminar señala que los uniformados irrumpieron en una vivienda donde había varias personas. Allí, según testigos, un joven de 19 años habría sido sometido a torturas: le colocaron cables eléctricos y murió poco después. Aunque los militares trasladaron al joven en una camioneta hasta un hospital alegando una “sobredosis”, esa versión se derrumbó cuando la Policía conoció el relato de los vecinos presentes en el operativo.
La intervención policial dio inicio a la investigación que hoy tiene a seis miembros de las Fuerzas Armadas procesados. La Fiscalía pidió prisión preventiva y el juez acogió el pedido sin titubear, lo que confirma la gravedad del caso. Paralelamente, se abrieron otros dos procesos derivados del operativo: uno contra dos adolescentes aislados y otro contra tres adultos detenidos.
La víctima, identificada como Roberto Pinchupa, tenía antecedentes por sustancias sujetas a fiscalización. En la vivienda se encontró droga debajo de una cama, según el reporte oficial. Pero el hallazgo no justifica lo ocurrido: una muerte en circunstancias que apuntan directamente a un abuso extremo de fuerza.
El episodio aparece en un momento particularmente sensible para la administración de Noboa, que intenta sostener su discurso de “mano dura” mientras se multiplican denuncias por excesos, improvisación y violaciones de derechos humanos. La ejecución extrajudicial en Santa Elena no sólo coloca a los militares en el centro del escándalo: también instala un interrogante mayor sobre el control político y operativo de las fuerzas.
Con un país ya atravesado por violencia, cárceles dominadas por mafias y un Estado que no logra recuperar autoridad, este caso se suma a la larga lista de problemas que comprometen al gobierno. Y muestra, otra vez, que la seguridad —promesa central de Noboa— sigue lejos de resolverse y cada vez más envuelta en polémicas.
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