Bajo la gestión de Noboa, la salud pública se derrumba y Ecuador vive escenas dignas de un país en abandono
La salud pública ecuatoriana atraviesa un hundimiento que ya no puede maquillarse. En los hospitales más grandes, como el del Guasmo en Guayaquil, las familias de pacientes se ven obligadas a adquirir medicamentos e insumos en plena vereda: jeringas, sondas, guantes, sueros y hasta agua potable. El Estado, sencillamente, no provee nada. Lo que debería estar garantizado por el sistema sanitario se vende como mercancía entre gritos de necesidad y desesperación.
Una madre ruega por conseguir una botella de agua para medicar a su hija, que acaba de dar a luz a gemelas prematuras de 24 semanas. Otra corre de ventanilla en ventanilla buscando sondas de más de 100 dólares porque el hospital no tiene ni una. “¡No hay nada!”, se escucha a cada rato en las puertas de emergencia. Para los médicos, la situación ya no es crítica: es terminal.
La falta de conducción es evidente. Cinco ministros han pasado por la cartera de Salud sin dejar una sola solución concreta, y Daniel Noboa terminó delegando la responsabilidad a la vicepresidenta María José Pinto, una empresaria sin experiencia en el área. Los especialistas denuncian corrupción, improvisación y una cadena de decisiones políticas que hundieron el sistema.
La escena más brutal ocurrió en Macas, donde una madre achuar recibió el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. Así, sin protocolo, sin dignidad, sin humanidad. “Nos están obligando a convertirnos en firmadores de defunciones”, lamentan los médicos, impotentes ante hospitales vacíos de insumos y vacíos de autoridad.
Los datos oficiales confirman el desastre. El propio Ministerio de Salud reconoce que el abastecimiento promedio no supera el 61 por ciento a nivel nacional. Pero en hospitales clave como Monte Sinaí cae al 18 por ciento, un nivel que hace imposible cualquier atención mínimamente segura. Noboa declaró la emergencia sanitaria, pero no ejecutó ni la mitad del presupuesto disponible. Y peor aún: recortó miles de millones en asignaciones que ya estaban previstas.
El abandono golpea también a los pacientes renales, quienes dependen de diálisis constantes para sobrevivir. Con hospitales colapsados y clínicas privadas cerradas por falta de pago estatal, al menos 300 personas murieron el último año solo en Guayaquil. “Nos están dejando morir”, denuncia Alejandro Solano, uno de los afectados.
Las historias se repiten en todo el país: citas que nunca llegan, operaciones suspendidas, medicamentos inexistentes, pacientes que fallecen en camillas sin atención. La salud pública se transformó en una carrera contra el tiempo que el Estado dejó de correr.
Mientras el gobierno presenta auditorías, excusas y promesas que no llegan a ninguna parte, la realidad es clara: el sistema sanitario ecuatoriano colapsó, y lo hizo bajo la administración de Noboa. Las imágenes de cuerpos en cajas de cartón y niños sin tratamiento son el testimonio más cruel de un país que está siendo abandonado a su suerte.
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