El decreto ordena al CNI evaluar la posible presencia del grupo dentro de estructuras criminales internas, y autoriza la coordinación con agencias de inteligencia de otros países.

Pero la decisión generó una rápida reacción de rechazo del Comité Unitario de Solidaridad con Palestina de Ecuador, que sostuvo en un comunicado que la movida del Gobierno es “un show mediático para distraer de los graves problemas sociales que atraviesa el país”. Acusan al Ejecutivo de buscar instaurar “un discurso de persecución, discriminación y odio” hacia la comunidad musulmana y hacia quienes expresan “solidaridad con los pueblos en resistencia”.

El Comité denuncia además que el decreto intenta “criminalizar la solidaridad con Palestina” y afecta directamente a la comunidad islámica residente en el país. Señalan que la medida responde a “una estrategia reaccionaria y sionista”, orientada a fabricar “enemigos internos”.

El cuadro se complica: más allá de lo simbólico, implica que las autoridades ecuatorianas podrán monitorear, investigar y eventualmente perseguir a ciudadanos o grupos identificados (o sospechosos de simpatías con Hermanos Musulmanes) bajo la sombra del terrorismo.