La campaña del sí rozó lo grotesco. Dirigentes y voceros oficialistas llegaron a comparar la medida con “la llegada de Rambo o Robocop” para limpiar las calles de delincuentes. Además de infantil, el planteo fue abiertamente engañoso: una base militar extranjera nunca tiene como función patrullar barrios ni hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Por mandato constitucional, esa responsabilidad es exclusiva del Estado ecuatoriano y no se puede delegar a ningún actor internacional.

La historia reciente también desmiente el marketing de Noboa. Las pocas veces que Ecuador albergó bases estadounidenses —Galápagos en la Segunda Guerra Mundial y Manta durante el Plan Colombia— fue para responder a necesidades estratégicas de Washington: proteger el Canal de Panamá, controlar el Pacífico, reforzar el dispositivo antidrogas en la región. Ni entonces ni ahora el objetivo central fue la seguridad cotidiana de los ecuatorianos, sino el interés nacional de la potencia invitada.

Lo mismo ocurre con las más de 800 bases militares que Estados Unidos mantiene en el mundo. En países como Japón y Alemania, los enclaves sirven para proyectar poder frente a China y Rusia, no para perseguir rateros ni resolver problemas de criminalidad local. La idea de que una base, por sí sola, iba a bajar las cifras de violencia en Ecuador fue más una herramienta de propaganda que una propuesta seria de cooperación en seguridad.

Tampoco es cierto que el no a las bases ponga en riesgo la relación con Washington. Hoy existen al menos tres acuerdos militares vigentes entre Ecuador y Estados Unidos —Estatuto de las Fuerzas, Operaciones Marítimas Transnacionales Ilícitas y Asistencia para Interceptación Aérea— que permiten intercambio de inteligencia, uso de espacio aéreo y radioeléctrico, patrullajes conjuntos en alta mar, entrenamiento y apoyo logístico, todo sin necesidad de una base instalada.

En el plano comercial, la cercanía política de Noboa con Donald Trump ya trajo beneficios concretos: Estados Unidos eliminó aranceles de hasta el 15 por ciento a 105 productos ecuatorianos, clave para exportaciones como café, cacao, banano y palmito. Ninguno de los aliados latinoamericanos de Trump que recibieron ventajas similares —Argentina, Guatemala, El Salvador— tuvo que aceptar bases militares para lograrlo.

El factor decisivo no es una pista aérea ni un cuartel, sino la alienación política y diplomática. A Washington le interesa que Noboa acompañe su agenda en foros regionales y globales, por ejemplo ante un eventual intento de intervención contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En ese terreno, el gobierno ecuatoriano ya demostró estar perfectamente alineado.

El resultado del referéndum dejó claro que la ciudadanía no está dispuesta a entregar soberanía a cambio de promesas vacías. Las relaciones con Estados Unidos seguirán, los acuerdos militares y comerciales también. Lo que sí quedó en evidencia es que el gobierno quiso usar el miedo y la violencia como excusa para avanzar con una agenda que no prioriza a Ecuador, sino los intereses de siempre de la primera potencia mundial.