Pérez, voz indiscutible de la resistencia contra el extractivismo depredador, denunció en agosto un "fraude" en la entrega de la licencia ambiental en junio.

Según evidencias presentadas, DPM habría donado fondos a la fundación de Valbonesi –dedicada a mujeres y niños vulnerables– a cambio de favores.

Peor aún: reuniones en Toronto entre Noboa y ejecutivos de la minera precedieron la aprobación express.

"Es una Justicia arrodillada al poder oligárquico, ciega, sorda y muda", denunció Pérez en un video, lamentando que la Fiscalía ignorara pruebas irrefutables.

Noboa, en respuesta nocturna, celebró el archivo como victoria, tildando la acusación de "temeraria" y sin "sustento legal".

Amenazó con contrademandas y prometió destinar posibles indemnizaciones a "conservación hídrica en Azuay" –un cinismo que no disimula el conflicto de intereses.

Este caso expone el patrón del régimen: priorizar transnacionales sobre comunidades.

Loma Larga amenaza el ecosistema del río Tarqui y derechos ancestrales kichwas, en una zona donde la minería ya contamina ríos y desplaza familias.

Organizaciones como la Conaie y Ecuarunari exigen investigación independiente, recordando que Noboa heredó el vicio de entregar el país a extranjeros.

Pérez anuncia apelaciones y protestas: "No callaremos ante el saqueo".

El pueblo exige el fin al modelo extractivista que enriquece elites mientras condena a la miseria.