Por ese motivo, quedaron descartadas las mesas técnicas que habían sido pactadas para destrabar el conflicto en Imbabura, epicentro de los cortes de ruta y protestas.

Según la cartera, las demandas presentadas modifican lo que ya se había convenido, alteran la participación de los actores involucrados e incumplen los compromisos alcanzados con anterioridad. Además, señalaron que las vías siguen bloqueadas, que los manifestantes persisten en las acciones violentas y que “no se ha cumplido lo acordado”.

El Gobierno subrayó que no aceptará presiones ni chantajes y que actuará “con firmeza dentro de la ley” para resguardar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que reclaman tranquilidad.

El paro nacional indefinido, convocado desde el 22 de septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), exige la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel y otras demandas sociales.

La medida, vigente desde el 12 de septiembre, incrementó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares, lo que desató una ola de movilizaciones, principalmente en la sierra norte y centro del país.

El Ejecutivo mantiene desplegados efectivos policiales y militares en las zonas de conflicto, lo que ha derivado en enfrentamientos violentos. Hasta ahora, el saldo oficial es de tres fallecidos, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y más de cien personas detenidas.