El documento denuncia agresiones físicas, amenazas de muerte, persecución judicial y campañas de difamación promovidas desde el propio aparato estatal. Entre los casos más alarmantes, se encuentra el atentado contra el periodista Marcelo Ruiz, corresponsal de TC Televisión en Manabí, baleado el 25 de julio mientras realizaba una cobertura.

También la renuncia forzada de Marco Cadena, director del medio La Naranja, tras recibir amenazas de muerte y sufrir vigilancia sobre su familia después de publicar reportajes que involucraban a funcionarios con grupos criminales.

A estos hechos se suma el ataque sistemático desde las redes sociales: un influencer afín al oficialismo, conocido como @conejooligarca, se dedica a hostigar a medios como Ecuavisa, Teleamazonas y al caricaturista Bonil, bajo el discurso de que “desinforman al pueblo”. La SIP detalla que este tipo de campañas digitales son parte de una estrategia para debilitar la credibilidad de los medios no alineados al poder.

El hostigamiento no se limita a las redes. Altos funcionarios del propio gobierno han participado activamente en la descalificación pública de periodistas. La ministra de Energía, Inés Manzano, acusó al diario Expreso de “mentir” sobre los apagones que afectaron al país. El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, señaló a Expreso y Extra de supuesta evasión fiscal sin presentar pruebas ni abrir investigación alguna, en lo que la SIP calificó como un “intento de intimidación política”.

El informe también recoge agresiones ocurridas durante manifestaciones. En la marcha del 12 de agosto en Quito, periodistas de Expreso, Wambra Radio y GK fueron golpeados y expulsados por la policía, mientras la corresponsal de Telesur, Elena Rodríguez, fue atacada el 11 de septiembre mientras cubría otra protesta.

En paralelo, medios comunitarios como TV MICC y Radio Ilumán denunciaron bloqueos de señal e interrupciones de internet durante las movilizaciones indígenas, en lo que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) calificó como “censura encubierta”.

El acoso también alcanzó a las hijas del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Entre junio y agosto, Amanda y Tamia Villavicencio sufrieron ataques digitales y amenazas de parte del empresario prófugo Xavier Jordán, quien difundió videos manipulados y chats privados para desacreditarlas.

Cronología del hostigamiento a la prensa según la SIP

1. 25 de julio: atentado armado contra Marcelo Ruiz en Portoviejo.
2. 12 de agosto: golpizas y expulsión de reporteros de Expreso, Wambra Radio y GK durante marcha en Quito.
3. Agosto-septiembre: cuentas falsas y denuncias digitales eliminan publicaciones críticas en medios provinciales.
4. 11 de septiembre: agresión policial a Elena Rodríguez, corresponsal de Telesur.
5. Septiembre: amenazas a Marco Cadena, director de La Naranja; renuncia forzada.

El patrón es claro: se trata de un asedio coordinado. Por un lado, la violencia directa de bandas criminales; por otro, el aparato del Estado lanzando acusaciones, difamaciones y persecución administrativa contra periodistas incómodos. La SIP advierte que Ecuador atraviesa “un deterioro peligroso del ecosistema informativo”, donde el miedo se ha convertido en una herramienta política.

Mientras Noboa se muestra ante el mundo como un joven reformista, dentro de Ecuador los reporteros trabajan bajo una consigna más propia de una dictadura que de una democracia: “cuenta la verdad y paga el precio”.