“Se trató de un atentado contra el presidente, no puede tomarse a la ligera”, advirtió en declaraciones radiales, insistiendo en que los videos demuestran la agresión sufrida por el convoy de Daniel Noboa.

Los cinco ciudadanos —Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa— habían sido detenidos tras los incidentes del 7 de octubre, cuando la caravana presidencial fue atacada con palos y piedras en medio de protestas.

Sin embargo, la jueza consideró que estuvieron incomunicados, sin lectura de derechos ni defensa inmediata, lo que invalidó el procedimiento y anuló la acusación por tentativa de asesinato.

La liberación dividió posiciones. Desde el Ejecutivo, se calificó como un “golpe bajo” para la institucionalidad, mientras que el dirigente indígena y abogado del caso, Yaku Pérez, celebró el fallo y acusó al Estado de haber abusado de la fuerza. “Franklin no es terrorista, es artista, y los demás son defensores”, escribió en sus redes sociales.

El caso se produce en medio del paro nacional indígena y sindical que ya supera una semana, con focos de protesta en varias provincias. El ataque a la comitiva presidencial y la resolución judicial colocaron en primer plano la tensión entre independencia judicial y seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior anunció que pedirá al Consejo de la Judicatura la revisión de este tipo de fallos, mientras la Fiscalía todavía no confirma si apelará la resolución. Entre tanto, los liberados recuperaron la libertad en medio de aplausos de familiares y comunidades que llegaron hasta Azogues para respaldarlos.