La resolución se enmarca en un fuerte rechazo social: en septiembre, más de 80.000 personas marcharon en Cuenca contra la iniciativa, desarrollada en un páramo estratégico para el suministro de agua potable y los sistemas de riego de la provincia de Azuay.

El yacimiento, que hasta 2021 había pertenecido a la firma canadiense INV Metals Inc, estaba considerado como un proyecto clave para diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo, principal exportación del país.

Según datos oficiales, el subsuelo alberga reservas estimadas en 2,2 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre.

La empresa planeaba invertir 593 millones de dólares y tenía previsto iniciar la perforación subterránea en breve, con la expectativa de explotar la mina durante 12 años.

Sin embargo, los informes técnicos presentados por autoridades locales, responsables del abastecimiento de agua y del mantenimiento de los sistemas de riego, fueron determinantes para dar marcha atrás.

Ecuador incursionó en la minería a gran escala en 2019 y, desde entonces, dos proyectos de oro y cobre generaron exportaciones por alrededor de 3.100 millones de dólares en 2024. Ahora, con la revocación de la licencia de Loma Larga, el país abre un nuevo capítulo en el debate entre desarrollo minero y protección ambiental.