En un comunicado, la organización responsabilizó al Ejecutivo por las condiciones de al menos diez detenidos que recibieron prisión preventiva y fueron enviados a los penales de Portoviejo y Machala. Este último fue escenario, el mismo jueves, de una masacre que dejó 17 internos muertos.

La Conaie, que reúne a 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios, advirtió que el Estado podría ser responsabilizado internacionalmente por no garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. “Estos hechos comprometen al Estado por incumplir su deber de protección a las personas privadas de libertad”, subrayó la dirigencia.

Según datos del Ministerio del Interior, ya son 85 los arrestados desde el inicio de las movilizaciones, el lunes pasado, tras la decisión gubernamental de eliminar la subvención al diésel y provocar un alza del precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

En ese contexto, la provincia de Imbabura se convirtió en uno de los principales epicentros de la protesta. En Otavalo, centenares de personas irrumpieron en un cuartel policial, destruyeron instalaciones y prendieron fuego a vehículos oficiales y particulares. Allí, un juez aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva a 12 acusados de terrorismo.

La tensión también se extendió a la provincia amazónica de Napo, donde comunidades se sumaron al paro nacional. La Conaie anticipó que las medidas de resistencia seguirán en aumento e instó a otros sectores sociales a adherirse.

El presidente de la organización, Marlon Vargas, acusó al Gobierno de intentar dividir al movimiento con la entrega de bonos y ayudas focalizadas en las zonas movilizadas. “El Gobierno busca dividir a las organizaciones con dádivas. Nuestra lucha es legítima y no se detendrá ante las maniobras del poder”, expresó.