Este instrumento, vigente desde 2011, se había convertido en un modelo de cooperación regional al simplificar el acceso a visas y residencias para los ciudadanos venezolanos, evitando su criminalización y favoreciendo su integración social.

El estatuto reconocía como principio fundamental que ninguna persona es ilegal y otorgaba especial protección a sectores vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades graves. Su derogación deja a miles de migrantes en situación de mayor desprotección y los obliga a enfrentar un régimen migratorio más rígido y burocrático, con un alto riesgo de caer en la irregularidad, ser explotados laboralmente o incluso deportados.

La decisión de Noboa ya había comenzado a gestarse en marzo, cuando ordenó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto bajo el argumento de un recorte en los fondos internacionales destinados a programas migratorios y la necesidad de reforzar la “seguridad del Estado”.

En paralelo, desde el 1 de septiembre Ecuador exige visa a ciudadanos de unos cuarenta países, entre ellos Venezuela, como requisito para ingresar al territorio nacional.

El decreto, que responde a una línea política de endurecimiento migratorio, supone un alineamiento del gobierno de Noboa con los sectores más conservadores del continente y con la estrategia de Washington.

Al mismo tiempo, debilita de manera significativa los esfuerzos de integración y unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, dejando a la comunidad venezolana en Ecuador en una situación de extrema fragilidad.