Noboa propone cuatro cambios de fondo en la Carta Magna, entre ellos, la creación de un registro de condenados por delitos sexuales contra menores, la imposición de un requisito más duro para que la Corte declare la inconstitucionalidad de leyes o decretos presidenciales —obligando a que al menos seis de los nueve jueces lo aprueben— y la incorporación de procedimientos expeditos para juzgar casos de robo, extorsión y receptación.

Otra de las iniciativas apunta a eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades, transfiriendo esa tarea a la Asamblea Nacional mediante concursos públicos. Este planteo, que en apariencia busca “despolitizar” el sistema, es visto como un intento de concentración de poder que debilitaría los contrapesos institucionales.

En paralelo, Noboa incluyó tres preguntas para consulta popular: la reapertura de casinos y salas de juego, prohibidos desde el referéndum de 2011; la prohibición de que condenados por corrupción participen en campañas políticas con su nombre o imagen; y la expedición de una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que redefiniría el funcionamiento de la propia Corte.

Las propuestas llegan después de que el máximo tribunal negara parte del primer paquete de reformas, frustrando una de las apuestas centrales del mandatario para sostener su estrategia política en medio de la crisis de seguridad, el estancamiento económico y la debilidad legislativa.

El nuevo intento de Noboa expone su falta de capacidad para articular acuerdos con otros poderes del Estado y revela un uso reiterado de la consulta popular como recurso para suplir la ausencia de consensos.

El regreso de la discusión sobre casinos también revive una polémica saldada hace más de una década, cuando más del 52 por ciento de los ecuatorianos se pronunció en contra.

Ahora, el Ejecutivo justifica su reapertura con el argumento de destinar fondos a combatir la desnutrición infantil, mientras organizaciones sociales advierten sobre riesgos de adicción y lavado de activos.

En cuanto al registro de agresores sexuales, si bien la medida se alinea con mecanismos aplicados en otros países, su inclusión dentro de un paquete cargado de disposiciones que limitan funciones de la Corte y reconfiguran la institucionalidad ecuatoriana genera cuestionamientos sobre las verdaderas prioridades del Gobierno.

Noboa ha señalado que la consulta se realizaría a finales de noviembre. Sin embargo, la Corte Constitucional deberá determinar antes la viabilidad de cada pregunta.

El pulso con el tribunal continúa siendo un termómetro del desgaste político del presidente, quien insiste en imponer reformas mientras el país sigue sumido en la inseguridad y la incertidumbre económica.